El Gobierno y Bildu pactan la retirada progresiva de las pelotas de goma y desbloquean la reforma de la ‘ley mordaza’ | España

La reforma de la ley de seguridad ciudadana (conocida como ley mordaza) que el PP aprobó en 2015 gracias a su mayoría absoluta en el Congreso da un paso de gigante tras un año y medio de bloqueo por la falta de acuerdo entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios. Los partidos de la coalición (PSOE y Sumar) y EH Bildu han llegado a un acuerdo, al que confían que se sume ERC, en el que destaca la retirada de las pelotas de goma del material antidisturbios y su sustitución progresiva, con un calendario que debe fijar el Ejecutivo, por material “menos lesivo” que no cause “lesiones irreparables”. La desobediencia a la policía pasaría de grave a leve y tendrá que ser “manifiesta, clara y objetivable”, mientras que en las faltas de respeto a los agentes “se acaba con las sanciones “injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas”, según el pacto alcanzado por los partidos del Gobierno y EH Bildu. En cuanto a las devoluciones de migrantes en frontera, el compromiso es abordar en un plazo de seis meses, una vez la ley entrase en vigor, la modificación de la Ley de Extranjería para “evaluar las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”.

ERC y Bildu tumbaron al final de la legislatura pasada la reforma de la ley mordaza al considerarla insuficiente. El proyecto de reforma no salió adelante por 19 votos en contra, incluidos PP, Vox, Ciudadanos, Junts y Grupo Mixto, frente a los 18 a favor de los de los dos partidos del Gobierno y el PNV. Bildu y ERC consideraban imprescindibles, entre otras cuestiones, la prohibición expresa del uso de las pelotas de goma por parte de la policía para hacer frente a altercados callejeros.

Pelotas de goma. El artículo 23.4 de la norma, sobre el uso policial de las pelotas de goma, ha sido en todo este tiempo uno de los más controvertidos. El PSOE, Unidas Podemos y el PNV pretendían incluir la necesidad de elaborar “protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales” sobre el uso de la fuerza y el empleo de material antidisturbios para “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”, y que en su redacción participasen organizaciones de “la sociedad civil”. ERC, EH Bildu y Junts eran partidarios de prohibir “expresamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma”. El acuerdo final de EH Bildu con PSOE y Sumar establece que las autoridades competentes “deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Y añade: “Se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados bolas de goma por otros menos lesivos”.

Resistencia a la autoridad. Las discrepancias sobre el artículo 36.6, que castiga “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes” y que fue utilizado, por ejemplo, durante la pandemia para sancionar a los ciudadanos que incumplían el confinamiento, eran menores. La posición compartida era que la desobediencia debía ser “manifiesta y clara”, pero la discrepancia era sobre si esta infracción se mantenía como falta grave —sancionable con multas entre 501 y 25.000 euros, según la cuantía que pretendía introducir la reforma— o leve —la multa sería de entre 100 y 500 euros—. El PSOE, Unidas Podemos y el PNV solo admitían rebajar la gravedad de las sanciones cuando el infractor hubiese sido sancionado por facilitar “datos falsos o inexactos en el proceso de identificación”. ERC, EH Bildu y Junts exigían que las desobediencias fuesen en todos los casos leves. Y así queda en el texto conocido este jueves: “Desobediencia. La infracción pasa de grave a leve y se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable”.

Falta de respeto a la policía. En cuanto a la modificación del artículo 37.4, que castiga las faltas de respeto a los agentes de policía, el PSOE, Unidas Podemos y PNV planteaban que se multase “los actos humillantes o expresiones despectivas u ofensivas dirigidas a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos del Estado”. Para ERC, EH Bildu y Junts, la definición era poco concreta y permitía la arbitrariedad de los agentes al sancionar. Su propuesta era que solo fuesen castigables “los insultos o injurias”. Y querían incluir que la multa no se ejecutara “cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”. El texto pactado establece que serán infracciones leves “Los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. Y apunta: “Para entender cometida la infracción deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”.

Devoluciones en caliente. El pacto sobre las devoluciones en caliente (nada más cruzar la frontera) de inmigrantes irregulares recoge que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se abordará la modificación de la Ley de Extranjería, estableciendo como criterios para su modificación “el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”. La nueva disposición, que afectará a la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, deberá “reconocer y garantizar” los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte, “con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario”. En consecuencia, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional “deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión”.

La falta de consenso entre los socios de la investidura en los cuatro puntos citados se convirtió en un nudo gordiano al final de la legislatura pasada y truncó los cambios que los seis partidos favorables a la reforma sí habían acordado ya para modificar 36 artículos del medio centenar que tiene la ley. Algunos de los más sobresalientes eran la rebaja de las sanciones en un 50% si el infractor ganaba menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional o el que permitía la celebración de protestas sin comunicación previa “ante hechos que requieran de una manifestación o expresión pública inmediata”. También se contemplaba la supresión de la advertencia legal y posible sanción por desobediencia a los trabajadores sexuales que ejercen en la vía pública, y se dejaba de sancionar la ocupación de la vía pública para la venta ambulante, el conocido como top manta.

Toda una base de acuerdos que se recuperará ahora y se incluirá en la proposición de ley que, si finalmente prospera, pondrá punto y final a la ley mordaza. El texto contendrá básicamente los mismos aspectos que el dictamen que estuvo a punto de aprobarse la legislatura pasada, con las novedades conocidas este jueves: incorporar garantías a algunas infracciones, sustituir de manera progresiva las pelotas de goma como material antidisturbios y remitir a la Ley de Extranjería las devoluciones de personas migrantes.