Netanyahu cede y anuncia que abrirá un paso y usará un puerto para que entre más ayuda a Gaza | Internacional

La advertencia de Estados Unidos a Israel de que la continuidad de su apoyo depende de las medidas que tome para proteger a los civiles en la guerra en Gaza y los ecos del ataque aéreo que mató a siete cooperantes de la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen, han tenido efecto este viernes. El gabinete político y de seguridad que lidera el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha decidido una serie de medidas ―a las que no pone fecha― que le reclamaban desde hace tiempo sus propios aliados, como Washington, y las organizaciones humanitarias. Israel abrirá el paso fronterizo de Erez, que fue atacado el 7 de octubre y era el único que podían cruzar unos pocos miles de palestinos para trabajar en Israel, acudir a hospitales o visitar familiares en Cisjordania sin tener que salir por Egipto. Como ya no lo puede cruzar nadie y resultó dañado en el ataque, lo reconvertirá de forma improvisada en paso de mercancías.

Erez da directamente al norte, la zona de Gaza en la que al menos 210.000 personas están al borde de la hambruna, según Naciones Unidas. Su apertura no es solo importante porque es donde el hambre hace más estragos, sino también porque los escasos convoyes a los que Israel viene permitiendo llegar por tierra desde el sur se arriesgan en el camino a asaltos de multitudes hambrientas o de clanes armados.

Israel también volverá a recibir ayuda humanitaria por el puerto de Ashdod, unos 30 kilómetros al norte de la Franja. Es uno de los más importantes del país y la entrada natural de bienes para Gaza hasta el 7 de octubre, cuando fluían los bienes comerciales y entraban cuatro veces más camiones de ayuda humanitaria.

La decisión de usar el hambre como arma de guerra y la sensibilidad en Israel de ver las mercancías llegar al puerto (la mayoría de la población se opone a la entrada de ayuda humanitaria mientras haya rehenes israelíes en Gaza) llevaron a su suspensión. De hecho, grupos ultranacionalistas se han manifestado allí para impedirlo, igual que en el único cruce israelí por el que venía entrando ayuda de forma regular: Kerem Shalom, que da al sur de la Franja. Los suministros pasarán a entrar por tres pasos fronterizos: Erez y Kerem Shalom, con Israel; y Rafah, con Egipto.

Israel además aumentará “significativamente” el acceso de la ayuda que provee Jordania, un importante aliado de Washington. “Este aumento de la ayuda evitará una crisis humanitaria y es esencial para garantizar la continuación de los combates y lograr los objetivos de la guerra”, indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado. Los objetivos son el regreso de todos los rehenes (quedan 134 y al menos un cuarto son cadáveres), destruir por completo política y militarmente a Hamás y asegurarse de que Gaza “no vuelve a representar una amenaza”.

La decisión se produce apenas unas horas después de que el presidente de EE UU, Joe Biden, y Netanyahu conversasen por teléfono por primera vez desde la muerte de los cooperantes de WCK, uno de los cuales tenía nacionalidad estadounidense. La organización tiene además su sede en el país. Las imágenes y la dificultad de explicar el lanzamiento de tres misiles no simultáneos ―uno contra cada uno de los vehículos con el logo de la ONG en el techo y que habían avisado del trayecto y hora― convertían la llamada en una de las más complicadas entre ambos líderes, que se conocen desde hace décadas y cuya relación toca su punto más bajo por la guerra de Gaza. La Casa Blanca ha dejado claro en un comunicado que Israel ha tomado estas medidas “a instancias del presidente” Biden.

Miriam Marmur, directora de Incidencia Pública de Gisha, una ONG israelí dedicada a proteger la libertad de movimientos de los palestinos, con especial foco en Gaza, califica las medidas como “necesarias” y “relativamente importantes”, aunque “insuficientes”. Marmur señala la paradoja de que unas autoridades que llevan meses diciendo que no ponen limitación alguna a la entrada de ayuda humanitaria las aprueben ahora. “Son medidas que habíamos señalado y un ejemplo de elecciones políticas que se estaban haciendo y que directamente dificultaban la entrada de ayuda”, señala por teléfono.

Gisha es una de las ONG que llevó el jueves al Estado ante el Tribunal Supremo, por primera vez en casi medio año de guerra, por sus trabas a la ayuda humanitaria. En la vista, en la que la corte dio seis días al Estado para responder a una serie de preguntas, el Estado presentó un documento que probaba la reapertura horas antes de una tubería de agua potable para la capital, cerrada al principio de la guerra, cuando el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo: “No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”.

Marmur lo señala como ejemplo de las incoherencias en la argumentación del Estado, que consiste en señalar que no es la potencia ocupante de Gaza desde que en 2005 retiró sus soldados y colonos (técnicamente lo sigue siendo), por lo que carece de responsabilidad directa sobre los civiles, y que también está cumpliendo sus obligaciones de acuerdo al derecho internacional sobre protección de civiles en caso de conflicto armado. “Se sabía que hay un grave falta de agua, no hay ningún motivo por el que no se haya tomado antes la decisión que la presión”, apunta Marmur, al recordar que los graves datos de malnutrición en el norte de Gaza se deben a que el mismo ejército israelí no ha dado luz verde al paso de muchos convoyes y a “la ausencia de protección efectiva” para ONG y agencias de la ONU para distribuirla, como mostró la muerte de los cooperantes de la ONG del chef José Andrés.

Israel considera que su responsabilidad termina con permitir la introducción de la ayuda, mientras que las ONG insisten en que forma parte de sus obligaciones garantizar que se reparte de forma ordenada.

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