Asimetría de la justicia | España

La administración de Justicia suspende en confianza ciudadana, con un 4,9 sobre 10. Es una mala noticia para la democracia, pues se trata de uno de los pilares del Estado. Más grave aún es que ese suspenso se deba a las malas notas que le atribuyen las izquierdas: una institución apolítica debería generar consenso. De las cuatro instituciones del Estado incluidas en la encuesta de 40dB., la Justicia es la única que la izquierda como bloque (PSOE, Sumar y Podemos) califica por debajo del aprobado, mientras que las derechas (PP y Vox) sí la aprueban.

¿Qué razones alega la ciudadanía progresista para su desconfianza? ¿Cuál es su imaginario colectivo? La mayoría de los votantes de los tres partidos de izquierdas cree que en España hay más jueces de ideología conservadora, mientras que los votantes de partidos de derechas tienden a considerar que la composición ideológica está más o menos equilibrada. En la misma línea, una mayoría de los electores del PSOE, Sumar y Podemos opina que las decisiones judiciales, lejos de ser imparciales, tienden a favorecer a la derecha. Existe además mayor propensión entre las izquierdas a creer que algunos jueces resuelven los casos guiados por sus propias ideas políticas. Pero aún hay más: más del 80% de la ciudadanía progresista cree que el lawfare —el uso de los tribunales como arma política— existe en nuestro país y, entre quienes lo perciben, la mayoría opina que se ejerce principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierda.

Al aterrizar en casos concretos, la asimetría también se hace evidente. Llama la atención, por un lado, que de los casos incluidos en la encuesta —Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez, David Sánchez, Koldo García y José Luis Ábalos, Alberto González Amador, Kitchen y Púnica— la ciudadanía, ya sea de derechas o de izquierdas, conozca notablemente mejor los que afectan al PSOE que los que afectan al PP, lo que podría estar indicando también una cobertura mediática desigual. Por otro lado, al preguntar si estas investigaciones están motivadas principalmente por indicios jurídicos, por razones partidistas o por ambas cosas, en los dos casos que afectan al presidente del Gobierno (su mujer y su hermano), las razones políticas pesan casi tanto como los indicios objetivos. Por bloques, mientras que las derechas sí ven indicios jurídicos en los casos González Amador, Kitchen y Púnica, la izquierda lo hace en el caso Koldo-Ábalos, pero no en los de Begoña Gómez, David Sánchez y Rodríguez Zapatero.

La consecuencia lógica de estas percepciones es que las izquierdas son más propensas a defender una reforma de la justicia que se concreta en aspectos como los siguientes: que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por sorteo o por los propios ciudadanos; o que sean los fiscales, y no los jueces, quienes se encarguen de la investigación inicial de los procesos judiciales.

En suma, la justicia no genera el consenso que se espera de una institución apolítica: donde la derecha ve neutralidad, la izquierda ve un activo del adversario.