El Gobierno advierte a ERC y Junts de que actuará contra iniciativas “divisivas” sobre la independencia o el referéndum | España

El futuro de Cataluña no pasa ni por la independencia ni por acciones unilaterales como un referéndum de autodeterminación. La ley de amnistía, a la que todavía le quedan dos meses de tramitación y le ha ocasionado un severo desgaste al Gobierno, es el punto y final del procés y no la antesala de la reedición del desafío secesionista al Estado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez partía de esta premisa para resolver la crisis territorial en Cataluña junto con una apuesta decidida por el autogobierno y la mejora de los servicios públicos, a los que la Generalitat no prestó la atención debida al priorizar por encima de todo la independencia en los años álgidos del desafío soberanista. Las llamadas a la convivencia y el diálogo han sido constantes por parte del Gobierno desde antes de que aprobase los indultos a los dirigentes del procés encarcelados y las modificaciones del Código Penal de los delitos de sedición y malversación. La última parada de esa estrategia es la medida de gracia, pero la convocatoria de elecciones el 12 de mayo ha abierto un escenario nuevo en el que ERC y Junts se han desatado en su pugna por la hegemonía en el independentismo.

En este contexto, en el que ambas formaciones han desempolvado discursos de antaño, se entiende el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional, aprobado este martes en el Consejo de Ministros con el dictamen favorable del Consejo de Estado, de la admisión de una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia, que la mesa del Parlament tramitó el pasado 20 de febrero. La Moncloa manda de esta forma un mensaje nítido a seis semanas de unos comicios clave para la estabilidad del país: el Gobierno atajará las iniciativas que vulneren la Constitución. Y en este apartado también entra el referéndum de autodeterminación.

“Hemos aprobado en el Consejo de Ministros la impugnación del acuerdo de la Mesa del Parlament de Cataluña para tramitar una proposición de ley que era una iniciativa legislativa popular para la declaración de la independencia de Cataluña (…) Es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo; este recurso lo que protege precisamente es la Constitución, que es nuestro marco de diálogo y de convivencia. Protege las instituciones de Cataluña, el propio Estatut de Cataluña y su autogobierno, que están regulados en normas que esta proposición de ley también tiraría abajo. Y protege el diálogo, los acuerdos, que seamos capaces de entendernos”, ha esgrimido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

El Gobierno basa los motivos de inconstitucionalidad en dos principios: el incumplimiento de la jurisprudencia del Constitucional en relación con el acuerdo objeto de impugnación; y la inconstitucionalidad del acuerdo adoptado por la Mesa del Parlament de Cataluña. Sobre la primera cuestión, la iniciativa legislativa popular contiene una proposición de ley de declaración de la independencia de Cataluña “que, en su conjunto, se caracteriza por una clara inconstitucionalidad, reproduciendo sustancialmente cuestiones ya resueltas por el Constitucional en distintas sentencias que señalan la ruptura del orden constitucional, vulnerándose la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña”, razona el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros. En cuanto a la segunda cuestión, “es doctrina consolidada” del Constitucional que la admisión a trámite de iniciativas parlamentarias que incumplen el deber de acatar cuestiones ya resueltas por el propio Tribunal de Garantías “resulta claramente inconstitucional”.

La impugnación se lleva a cabo, prosigue el Gobierno, “para proteger tres bienes jurídicos esenciales”: la Constitución, doctrina del Constitucional y el Estatut de Autonomía y leyes propias de Cataluña. En cuanto a la Ley Fundamental, “se vulneran preceptos esenciales constitucionales”, como la soberanía del pueblo español, la unidad de España, y los principios de legalidad, seguridad jurídica o modelo territorial. Respecto a la doctrina del Constitucional, se actúa por que “en reiteradas ocasiones ha anulado iniciativas similares”. Otro motivo para presentar el recurso es que no se habrían respetado las competencias del Parlament, como advirtieron sus propios letrados.

Bolaños ha incidido, además, en el rechazo del Gobierno a la celebración de un referéndum. La semana pasada Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, afirmó que estaban negociando la consulta con el PSOE, un extremo negado por los socialistas. “Estamos en campaña electoral en Cataluña y vamos a escuchar muchas cosas, algunas que no son ciertas, como esta”, ha remarcado Bolaños, frente a las “fórmulas antiguas, que llevaron a fracasos colectivos y generaron conflicto y enfrentamiento, que no conducen a ninguna parte”. “A mí lo que me extraña es que haya todavía quien apueste por esas fórmulas. Nosotros apostamos por grandes mayorías transversales”, ha apostillado uno de los pesos pesados del Gobierno, que discrepa de la lectura de que, con su recurso, el Ejecutivo contribuya a la judicialización de la política. Las iniciativas legislativas populares no decaen cuando se convocan elecciones. En este caso, tras la aceptación a trámite por la Mesa, estaba a la espera a que se agendara el debate a la totalidad, que se produciría en los dos primeros meses de la próxima legislatura.

La decisión del Gobierno tiene un marcado simbolismo. El PSC interpuso un recurso contra la iniciativa legislativa, que salió adelante en la Mesa del Parlamento con el voto favorable de Junts y la CUP y la abstención de ERC. El recurso del Gobierno al tribunal de garantías tiene un efecto automático, ya que “se paraliza de manera inmediata” la última propuesta en las instituciones del sector independentista que se mantiene en las posiciones del unilateralismo. “No queremos ninguna política aislacionista de Cataluña, lo que queremos es que Cataluña forme parte y sea el motor tanto de España como de la Unión Europea. Este recurso va en esa línea, contra cualquier tramitación de ley que sea divisiva, que fracture la sociedad, que genere tensión que genere una fractura social y política como generaría la tramitación de esta norma”, ha advertido Bolaños, que ha explicado que el Plan Anual Normativo contempla 198 normas, de las que 149 son reales decretos, 43 leyes ordinarias y 6 leyes orgánicas.

La reacción del Govern catalán no se ha hecho esperar. Y lo que es más inquietante para el Gobierno, evidencia las posturas maximalistas de ERC y Junts y cómo se retroalimentan en plena precampaña electoral. La reacción de la Generalitat ha sido furibunda. Su portavoz, Patrícia Plaja, ha afirmado que el Gobierno central “ha aprendido poco o nada de estos últimos años” tras confirmarse el recurso al Constitucional. “Buscar coartar y limitar el debate parlamentario nunca ha sido una buena opción para nada”, ha sentenciado tras achacar a “intereses electorales” el paso emprendido por La Moncloa. Todas las encuestas dan por segura la victoria del PSC de Salvador Illa el 12-M, por lo que una de las claves para la gobernabilidad de Cataluña (y, por extensión, de España), es cuál de los dos partidos independentistas quedará segundo. Es decir, cuál se impondrá entre los votantes independentistas. Otra incógnita fundamental será si ERC, Junts y la CUP suman los 68 diputados que otorgan la mayoría absoluta en el Parlament.

El PP también ha criticado la presentación del recurso, aunque por diferentes motivos. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, lo ha tildado de “coartada” y de “una cortina de humo”. “Si ERC pide referéndum, Sánchez se lo dará. El independentismo exige y Sánchez claudica. Así ha pasado siempre”, ha zanjado, informa Virginia Martínez.

La justicia española, “al límite” por el bloqueo del CGPJ

La renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace más de cinco años, sigue siendo otro de los grandes puntos de fricción entre los dos grandes partidos. Bolaños ha responsabilizado implícitamente al PP de la cancelación de la reunión prevista este miércoles en Madrid con el comisario de Justicia, Didier Reynders, de árbitro entre socialistas y populares. El PP defiende que los jueces elijan directamente, sin intervención de las Cortes, a los 12 vocales jueces del consejo, formado por 20 componentes. Y exige al PSOE modificar la norma de manera “simultánea” a la renovación del órgano, mientras los socialistas insisten en que hay que renovar con carácter urgente el CGPJ y acto seguido iniciar un proceso de diálogo sobre la elección de sus miembros.

“La Comisión Europea informó de que ni la Comisión Europea ni el Gobierno del PSOE tenían ningún inconveniente en celebrar esa reunión. Lo único que hago es reiterar lo que fuentes oficiales de la Comisión Europea informaron ayer sobre esa reunión”, ha señalado el ministro de Presidencia, que representa al Gobierno en las negociaciones, en las que Esteban González Pons participa por el PP. “La situación de la justicia es límite, está perjudicando al funcionamiento normal del servicio público, pero desde aquí muestro una vez más nuestra disposición para trabajar de la mano de la Comisión Europea para renovar el Consejo General de Poder Judicial cuando lo desee”, ha subrayado.

“Nuestra postura es la misma que manteníamos con anterioridad sobre este asunto. Hemos sido totalmente claros. Nuestra voluntad de acuerdo es total, pero es evidente que hay dificultades porque es muy difícil fiarse. Para tratar de tener un acuerdo, es algo capital [la reforma de la ley] y vamos a insistir en ello”, ha observado Tellado en una comparecencia en el Congreso.

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