El PP modula su mensaje sobre la ‘ley de nietos’: apoya nacionalizar a todos los descendientes pero con una ley con “rigor” | España

La bomba soltada por Alberto Núñez Feijóo, este lunes, asegurando que el Gobierno pretende “fabricar nuevos votantes” con la “ingeniería electoral” construida por la conocida como ley de nietos ha zarandeado el debate político y ha planteado una cuestión clave: ¿Quiere el PP nacionalizar o no a los descendientes de emigrados españoles? Máxime cuando el propio líder del Partido Popular defendía en 2022 extender esa condición no solo a los exiliados sino a otros supuestos —a su juicio no de carácter político— y cuando en su programa electoral de las últimas elecciones prometían precisamente eso. Después del enfrentamiento con el Ejecutivo, Génova ha tenido que clarificar su posición: reconocen que están a favor de lo mismo que estaban en 2023; es decir, de nacionalizar a todos los nietos de los descendientes de españoles que marcharon de España, no solo de los exiliados. Eso sí, demandan su regulación a través de otra ley, debatida en el Congreso, y desarrollada “con transparencia, rigor documental y atendiendo a criterios técnicos”.

Esa es la posición explicada por la dirección del PP, que en un comunicado “defiende este derecho con ley, rigor, acuerdo parlamentario y garantías”, pero que “denuncia la falta de controles y la escasa exigencia documental del sistema”. Y así lo ha explicitado además en redes sociales Rafael Núñez Huesca, coordinador nacional de Migración del Partido Popular. “El PP también defendió, como no podía ser de otra forma, que los descendientes de españoles puedan solicitar la nacionalidad española. Con transparencia, con rigor documental y atendiendo a criterios técnicos y no políticos”.

Porque en Génova entienden que el presidente Pedro Sánchez lo ha hecho por la puerta de atrás, de espaldas a las Cortes y haciendo una interpretación expansiva de la ley de nietos. Bajo esa premisa, este jueves se lanzarán al ataque con una ofensiva parlamentaria planteando preguntas en el Congreso sobre el asunto, dirigidas al Gobierno, para tratar de “fiscalizar” el proceso. También pedirán la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la Cámara baja.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, echa más leña al fuego de la bronca y anuncia posibles acciones ante la Unión Europea contra la norma sobre la que se pregunta si se intenta “nacionaliza socialistas”. “¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente”, se ha preguntado la baronesa madrileña en un acto organizado por el Club Siglo XXI este miércoles. “Un Gobierno mafioso. Van a favorecer el voto CERA, eso nos tememos, allá donde el recuerdo de voto le sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña”, ha sentenciado Ayuso.

Feijóo fue con todo el lunes al afirmar que Sánchez quiere “fabricar dos millones y medio de votantes”, esparciendo sospechas sobre el sistema, pero ahora Génova aterriza sus críticas y pone en la diana el desarrollo normativo del proceso y la aplicación del mismo. La Ley de Memoria Democrática, publicada el 19 de octubre de 2022 el BOE y aprobada con los votos en contra de la derecha, amplió los criterios previstos en la normativa anterior, de 2007, para la adquisición de la nacionalidad española por parte de descendientes de represaliados del franquismo residentes en el extranjero.

La exposición de motivos lo presenta como una “medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio” y en su disposición adicional octava habla de aquellos “nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Pero, unos días después de ser sancionada, el 25 de octubre, el Gobierno publicó una instrucción ministerial donde extiende ya no solo a los exiliados sino a “los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles”.

El PP coincide, pues, con eso —con que se nacionalice a los nietos no solo a los de los exiliados; por tanto, con su fórmula también se aumenta el censo electoral—, pero considera que un proceso de tal calado no puede regularse en esa instrucción ministerial ad hoc, que amplía los supuestos sin debate previo del Congreso, denuncian. Además entienden que abarca también a los tataranietos, aunque esa norma solo habla de “hijos” y “nietos”. “Esa instrucción reinterpretó la ley”, ha criticado este miércoles la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, durante un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum. Génova también sostiene que el Gobierno está llevando a cabo las nacionalizaciones “a toda prisa” y por empresas no preparadas y en algunos casos ligadas a regímenes “como el cubano”. Por eso van a reclamar a la Abogacía General del Estado “un informe sobre la externalización llevada a cabo por el Gobierno para realizar labores de apoyo a los consulados en el procedimiento impulsado por el Ejecutivo”. Además, los populares recelan de la adscripción que se hará en el reparto de los electores por las circunscripciones provinciales.

“De repente, nos encontramos con que dos millones y medio de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad”, ha añadido Muñoz. La instrucción es de octubre de 2022, aunque no ha sido hasta que los populares recibieron por parte del Ministerio de Exteriores el dato de los dos millones y medio de solicitudes solicitadas, en abril, cuando pusieron en marcha su ofensiva contra la aplicación final de la ley. “¿Por qué hay tanta necesidad en que todo esto sea rápido? ¿Por qué hay tanta opacidad? ¿No les gusta que debatamos? Necesitan mentir para justificar lo que han hecho. Nosotros nunca hemos hablado de fraude", ha remachado la portavoz parlamentaria popular. De hecho, al modular su mensaje, el PP ya no pone solo el foco el censo electoral, sino en que ese aumento del número de nacionalizados podría tensar otras prestaciones públicas, como la atención sanitaria. “Esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad”, concluye el PP su comunicado de este miércoles.