La UE debate nuevos impuestos a los criptoactivos y las apuestas digitales para evitar recortes en el presupuesto europeo | Internacional

La gran batalla de la UE encara la hora de la verdad en la segunda mitad de este año: la negociación para cerrar el próximo presupuesto europeo, el previsto para el periodo 2028-2034. En ella, se buscan fuentes de ingresos que minoren unos recortes que parecen inevitables y ahí aparecen propuestas como las de imponer tasas al juego y las apuestas en Internet y a los criptoactivos —las más recientes— o a las actividades digitales o las empresas que facturan más de 100 millones —las más antiguas—. Los líderes de la Unión han debatido este punto en el Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas donde se ha constatado que el único punto en que todos parecen estar de acuerdo es en que el próximo presupuesto plurianual de la UE debe estar acordado este mismo año.

“Ahora van a continuar las negociaciones. La presidencia irlandesa [del Consejo de la UE] preparará una nueva propuesta de negociación para el Consejo de octubre”, ha explicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al acabar el encuentro con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión este viernes. “Sobre los nuevos recursos propios [como se llaman en argot comunitario a las fuentes de ingresos del presupuesto europeo], necesitamos estos ingresos para alcanzar un acuerdo en diciembre”, ha apostillado el portugués, quien ha anunciado que se le ha encargado a Irlanda que trabaje en esta línea. Sus palabras son más explícitas que las conclusiones escritas publicadas tras la reunión.

La distancia entre los llamados países frugales, los que más aportan a las arcas comunitarias (Alemania, Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Austria...), y los que más reciben, autodenominados “Amigos de la Cohesión” (España, Polonia, Portugal, Italia, Grecia...), respaldados por el Parlamento Europeo, todavía es enorme. La propuesta que lanzó la Comisión el año pasado no convencía a nadie. Planteaba una cantidad total de 1,8 billones de euros, es decir, un 1,26% de la renta nacional bruta europea: mucho dinero para los primeros; poco para los segundos. Chipre, país que ha presidido el Consejo de la UE en la primera mitad de este año, ha modificado a la baja la propuesta inicial (un 2% menos).

El planteamiento chipriota tampoco ha convencido a nadie, así que queda el grueso de la tarea para la segunda mitad del año. Lo que sí queda claro por el planteamiento a la baja de Nicosia es que la negociación será a la baja, algo que corroboran fuentes de la negociación. Los frugales quieren rebajar sus aportaciones a las arcas europeas y, por tanto, si se quieren evitar recortes inasumibles para los “Amigos de la Cohesión” harán falta nuevas fuentes de ingresos.

Para evitarlos, el Parlamento Europeo reclamó a la Comisión Europea que presentara un estudio sobre los potenciales ingresos que podrían generar impuestos nuevos sobre actividades de servicios digitales, el juego online y los criptoactivos. Los números muy preliminares que ha hecho el Ejecutivo de la UE, según el documento al que ha accedido EL PAÍS, cifran en 5.000 millones lo que podría recaudarse por la tasa digital; en casi 1.900 millones la procedente de las apuestas electrónicas; y en un rango que va de 1.000 hasta los 4.000 millones, según el diseño de la tasa, la aportación potencial de los activos encriptados. Estas tres figuras impositivas se suman a las que planteó la Comisión en su proyecto de presupuestos: uno sobre las empresas con una facturación anual de más de 100 millones y otro sobre el tabaco.

Lo que ha señalado Costa al acabar este Consejo Europeo supone un avance: Estados miembros que hasta hace unos meses veían con reticencias la creación de estos nuevos impuestos ya no se cierran en banda a debatirlo. Es el caso de Países Bajos y el de otros frugales como Finlandia. No obstante, tanto los más partidarios de estas nuevas tasas (España) como los más reticentes tienen sus condiciones y sus líneas rojas.

Esos puntos de partida ya dejan entrever que el impuesto a las empresas con facturación superior a 100 millones de euros cuenta con bastantes Gobiernos en contra (Alemania, Finlandia, Países Bajos,...). También hay otros países que aguardan a ver el diseño del “recurso propio”: rechazan, por ejemplo, que sea un tributo que detraiga recursos de impuestos que ya existen y que recaudan los Estados, que es lo que sucede ahora con el IVA (una parte de la recaudación se transfiere a la UE).

No es la primera vez que la UE se plantea allegar más recursos al presupuesto europeo a través de nuevos impuestos. Ya sucedió en 2020 cuando se aprobó el presupuesto actual y el Fondo de Recuperación. Incluso se acordó entonces la creación de algunos, pero el pacto no estaba vinculado obligatoriamente a los presupuestos, dependía, sobre todo, de la voluntad política de los Gobiernos. Y esa voluntad no ha existido en los últimos años. Por eso, en la Comisión se piensa que eso fue un error estratégico. Ahora, en cambio, se plantearía no se separaría una cosa de la otra.

La discusión que no se ha abierto en este consejo es si se aplaza el pago de los créditos pedidos para financiar el Fondo de Recuperación. Según el acuerdo del 2020, esos préstamos deben pagarse entre 2028 y 2058. Eso condiciona mucho el proyecto presupuestario que se está negociando, porque implica detraer cada año unos 25.000 millones. Ese dinero, si no se aumenta el presupuesto, implica recortes en partidas tradicionales como cohesión y Agricultura, y limita el incremento de las nuevas prioridades: defensa y competitividad.

Los países frugales rechazan de plano la posibilidad de refinanciar esa deuda, lo que demoraría su amortización pero daría más margen para gastar en otros capítulos presupuestarios. No obstante, pocos dudan en Bruselas de que cuando se avance en las conversaciones, este será una de las posibles monedas de cambio entre los que quieren un presupuesto menos ambicioso y los que quieren evitar los recortes.