Pere Aragonès: “La amnistía es inevitable, como lo serán la financiación singular y el referéndum” | España

El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès (ERC), ha afirmado este lunes que la ley de amnistía es una “enmienda a la totalidad” a la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo en 2019 y a la “represión policial y judicial contra los independentistas”. Y ha aprovechado para fijar los siguientes objetivos de ERC una vez lograda la medida de gracia: referéndum de autodeterminación y, de forma prioritaria, una “financiación singular para Cataluña”. Lo ha hecho en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde se estudia el supuesto impacto en los distintos territorios de la ley de amnistía y adonde el dirigente republicano ha acudido para defender la medida. Según Aragonès, la amnistía es una “victoria” del secesionismo y permite resarcir el daño causado por la “represión” y dejar sentado que “nada de lo que se hizo [en el procés] fue delito”, pero no es una casilla de llegada en el pulso independentista: “La amnistía es inevitable, como lo serán la financiación singular para Cataluña y el referéndum de independencia”, ha avisado.

Aragonès ha vuelto al Senado apenas seis meses después de haber debutado en la Cámara alta, precisamente defendiendo la amnistía en esa misma comisión. Aquella sesión inauguraba la estrategia del PP de utilizar su mayoría absoluta en el Senado para alargar la tramitación de la proposición de ley e intentar así desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora el president ha vuelto a comparecer no solo para reafirmarse en el valor de la amnistía en Cataluña, sino también consciente de que el atril del Senado es una vitrina a exprimir en plena precampaña para las elecciones catalanas del 12-M. Desde ella se ha lanzado también a reivindicar el referéndum pactado y la financiación singular.

La amnistía, ha dicho Aragonès, “es una enmienda a la totalidad a una sentencia injusta, es el reconocimiento de que facilitar que la ciudadanía vote jamás, jamás, será un delito”. Según el president, la medida de gracia pactada por el PSOE con ERC y Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez pone fin a la “ilegitimidad del exilio” y “la violencia policial” con que se respondió a la votación del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, ha querido ir más allá y la ha proyectado como el camino que también tendrán que seguir el referéndum y la financiación singular, pues las tres cosas “solo dependen de la voluntad política entre las partes”.

Así, tras recordar que tanto el presidente Pedro Sánchez como varios de sus entonces ministros —entre los que ha citado a los catalanes Miquel Iceta y Salvador Illa— negaron tajantemente la posibilidad de aprobar la amnistía y luego la defendieron, Aragonès ha augurado que ocurrirá lo mismo con el resto de exigencias independentistas. “Todos decían que era imposible e inconstitucional. Sin embargo, la amnistía de un día para otro dejó de ser inconstitucional e imposible, como pasará con el referéndum”, ha reiterado. “Tarde o temprano, el referéndum será aceptado como la manera de resolver el conflicto de soberanía entre el Estado español y el pueblo de Cataluña”.

El president ha sido el primero en intervenir en la comisión de la Cámara alta tras la defensa del dictamen por parte del diputado del PP Antonio Silván y los votos contrarios de PSOE, ERC y Junts. Pero, a diferencia de hace seis meses, Aragonès se ha empleado a fondo en justificar su apuesta por una financiación singular, un punto que también formó parte del acuerdo entre ERC y los socialistas para la investidura de Sánchez y que será uno de sus caballos de batalla en la campaña electoral. “El objetivo prioritario es la financiación”, ha llegado a decir.

“Ninguno de ustedes aceptaría ser el tercero en aportar y el número 14 en recibir”, ha opinado Aragonès, recordando que su propuesta pasa por que Cataluña recaude todos los impuestos, pague una parte al Estado por los servicios recibidos y destine otra parte a un fondo de solidaridad interterritorial. “Ninguno de ustedes aceptaría pagar 22.000 millones de euros al año a fondo perdido”, ha insistido.

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