Las quejas por el sistema de asilo desbordan el buzón del Defensor del Pueblo: “Las situaciones se perpetúan” | España

Hace justo un año que la Policía Nacional asestaba un golpe a un entramado que lograba bloquear las citas de extranjería con un robot informático y ganaba decenas de miles de euros vendiéndolas en el mercado negro. Las citas más codiciadas eran las del asilo, que podían venderse por hasta 200 euros. La operación, en teoría, debería haber acabado con el pirateo, la falta de citas previas y facilitaría la relación del extranjero con la Administración, pero no ha sido así. La cuestión preocupa al Defensor del Pueblo que tramita ahora 2.500 quejas de personas con dificultades para pedir asilo, un número altísimo que sitúa este problema entre las principales cuestiones que los ciudadanos transmiten a la institución. El organismo diagnostica que no se están empleando los recursos suficientes.

Tras la detención del supuesto cabecilla de la red, un avispado ingeniero que diseñó un software capaz de secuestrar los turnos, la policía dinamitó el tradicional sistema de petición de citas y cada comisaría decidió una vía distinta para canalizar las peticiones (teléfono, correo electrónico, presencial). Así, en teoría se garantizaba que las citas fuesen para los verdaderos interesados, y se bloqueaba el negocio de nuevos piratas que nunca dejan de actuar. “Pese a las medidas adoptadas, el Defensor del Pueblo continúa recibiendo un número elevado de quejas por falta de citas de asilo”, mantiene la institución en una resolución reciente.

La resolución de Ángel Gabilondo hace una radiografía que revela quiénes se golpean con más fuerza contra este muro. Cualquiera de los casos expone cómo en España se incumple sistemáticamente la directiva europea que establece un plazo de tres días hábiles para registrar la solicitud (y seis meses para resolverla). Otro recordatorio de que el sistema de asilo español, que reclama reformas estructurales desde hace años, tanto para atajar los abusos como para garantizar derechos, sigue en precario a pesar de las cifras. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, a 31 diciembre de 2023 se habían registrado más de 163.218 solicitudes, un 37% más que en 2022. La mayoría vienen de Venezuela, Colombia y Perú.

Entre las 2.500 reclamaciones enviadas al Defensor del Pueblo hay personas “que llevan meses” intentando obtener una primera cita de asilo (el sistema exige tres: la manifestación de voluntad para pedir protección, la formalización y la entrevista) y que, por tanto, no pueden ni acceder al sistema de acogida, que tampoco logra responder a la demanda.

También hay muchas familias que no son atendidas de forma conjunta cuando acuden a las dependencias policiales. “Solo se atiende a un adulto y a los menores, en su caso, indicando [la policía] que el resto deben solicitar una nueva cita individual”. Esta práctica, recuerda el defensor, supone un obstáculo al mantenimiento de la unidad familiar e impide el acceso de toda la familia al sistema de acogida dando lugar a situaciones absurdas. Si, por ejemplo, solo se atiende a una madre y sus hijos, estos podrían acceder a un recurso de acogida y documentarse, mientras el marido seguiría indocumentado y alejado de su familia.

Hay además retrasos estratosféricos y Gabilondo da un ejemplo: una mujer venezolana con cita en Lugo dentro de casi dos años, el 5 de diciembre de 2025. “Suponiendo que se admita a trámite su solicitud, no estará autorizada a trabajar hasta junio de 2026, lo que retrasa de forma injustificada su proceso de integración e incrementa su dependencia de las ayudas sociales”, mantiene. Estos retrasos dejan a personas muy vulnerables en situación de calle. En una resolución de junio de 2023, Gabilondo recogía el caso de una mujer argelina de 23 años que había huido de un matrimonio forzoso y de malos tratos en su país. Tardó 14 meses en formalizar su solicitud de asilo ante la policía: “Ha estado viviendo de la caridad, en condiciones muy precarias e, incluso, en situación de calle, a pesar de los riesgos que ello implica para una joven sola”.

A estas, se suman otras tantas situaciones en las que no se logran citas para renovar la documentación lo que, entre otras cosas, obliga a los solicitantes a perder sus trabajos. “Lamentablemente”, dice Gabilondo, “las situaciones aquí descritas no son nuevas, sino que se perpetúan desde hace años”.

Un sistema dependiente de la Policía

El Defensor del Pueblo alaba “los esfuerzos” de la Secretaría de Estado de Seguridad y la Policía Nacional para “mejorar el acceso al sistema de citas”, pero señala que las medidas adoptadas “son insuficientes”. Pide además cambios puntuales para resolver algunas de las deficiencias planteadas en las quejas. Pero el problema va más allá y pasa por la decisión del Ministerio del Interior de delegar en la Policía Nacional funciones que, en realidad, no le corresponden (asignación de citas previas, realización de entrevistas de asilo y expedición de documentación) y sin que se hayan reforzado las plantillas según se ha disparado la demanda.

Nadie parece contento con esta decisión que empezó a aplicarse en 2013 en algunas provincias y se generalizó en 2015. Con el volumen de peticiones actual, el asilo sobrecarga a los agentes porque es un trámite que requiere recursos, no solo de funcionarios sino también formativos, al mismo tiempo que perjudica a los interesados. Hay que recordar que la Policía Nacional gestiona muchísimos más trámites, más allá de las citas de asilo, como la toma de huellas, las tarjetas de identidad de extranjeros, los certificados NIE, cartas de invitación, prórrogas de estancia….

El cabreo de los mandos policiales con este asunto se pudo constatar hace unos meses con la crisis de solicitantes que se vio en Barajas: los policías allí destinados (y los que se envió de refuerzo) eran los únicos responsables de lidiar con cientos de peticiones de golpe sin que se enviase, por ejemplo, un refuerzo de funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio.

“Lo que se planteó como algo puntual se está perpetuando en el tiempo, provocando disfunciones en el sistema que son objeto de quejas constantes”, recordaba en su informe anual de 2020. “La colaboración de la Policía Nacional ha resultado imprescindible para abordar el fuerte incremento de solicitudes, pero debe ser revisada”, mantiene el defensor en su última resolución por quinta vez en los últimos cinco años.

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