El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del denominado caso Leire Díez, ha rechazado de plano las alegaciones que el PSOE había presentado para retrasar la entrega de documentación sobre los abogados y consultoras contratados por el partido y le fija un plazo máximo de 15 días para cumplir lo ordenado. La resolución judicial, fechada este viernes, contiene un severo rapapolvo al partido, al que acusa de plantear “actuaciones extraprocesales” para retrasar la entrega de la información requerida y le exige que entregue los documentos “sin más demora”, después de los requerimientos cursados los pasados 6 y 21 de octubre.

En su escrito, Pedraz tumba, una por una, las razones esgrimidas por Ferraz para retrasar la entrega de la documentación, desde la consulta planteada al Consejo General de la Abogacía Española, a la invocación del secreto profesional, la documentación repartida entre sedes territoriales o la carga de trabajo derivada de la actividad política. Para el juez, ninguna es causa suficiente para no cumplir con celeridad la entrega de la información solicitada, aunque finalmente le da 15 días más por “la dispersión” de la documentación alegada.

El reproche más directo del magistrado se dirige contra la decisión del PSOE de acudir al Consejo General de la Abogacía para que este organismo aclare qué información sobre los contratos con abogados puede entregar. Pedraz recalca en su resolución que esta consulta, promovida por el propio partido, “carece de todo efecto suspensivo”. “El obligado al requerimiento [en referencia al partido] no puede sustraerse a su cumplimiento mediante la promoción de actuaciones extraprocesales de naturaleza corporativa”, recalca para rechazar que el calendario de la causa se supedite a la respuesta de un organismo profesional.

En este sentido, el juez recuerda que cuando solicitó por primera vez la documentación el pasado 6 de octubre, ya delimitó “expresamente el alcance de la obligación de aportar documentación, excluyendo aquella información que pudiera resultar afectada por el secreto profesional […] La cuestión cuya aclaración dice perseguir la representación del PSOE ya fue objeto de ponderación por este instructor sin que proceda reabrir artificialmente un debate previamente resuelto en sede jurisdiccional”, añade el magistrado.

Pedraz también recrimina al PSOE que no identifique qué documentos concretos pueden verse afectados por el secreto profesional y que se limite “a sostener una invocación genérica e indiscriminada respecto a la totalidad de la documentación requerida”. El juez le recuerda que “el límite se encuentra, en su caso, en la penetración innecesaria en el contenido material de la relación abogado-cliente: comunicaciones confidenciales, hechos revelados para obtener asesoramiento, estrategia de defensa, consejo jurídico proporcionado, documentos confidenciales o información relativa a otros clientes ajenos a la investigación”.

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